La República Bátava (1795-1806)
La República Bátava duró 11 años, durante los cuales proclamó la soberanía del pueblo pero fue en muchos aspectos un protectorado de Francia. La organización del gobierno tenía que ser aprobada no sólo por el pueblo holandés, sino también por el gobierno que estuviera en funciones en Francia. Por tanto, las constituciones no sólo reflejaban las condiciones e ideas holandesas, sino también las disposiciones vigentes en París; no obstante, crearon un nuevo tipo de sistema político, un nuevo régimen, en los Países Bajos. Después de muchos debates, las antiguas provincias históricas -tan desiguales en riqueza, población e influencia- fueron sustituidas por una república unitaria dividida en departamentos y circunscripciones electorales aproximadamente iguales en población, aunque no en riqueza. Los representantes elegidos para la Asamblea Nacional (que sustituyó a los históricos Estados Generales) no eran delegados de las asambleas provinciales por cuyas decisiones estaban obligados, sino diputados con plena independencia de criterio. El antiguo sistema de gobierno, con su mezcolanza de asambleas y juntas con funciones imperfectamente diferenciadas, fue sustituido por un sistema moderno de poderes legislativo, ejecutivo y judicial separados y explícitamente definidos; ministerios organizados funcionalmente dirigían la labor de asuntos exteriores, asuntos internos, guerra y marina. Se proclamó la plena igualdad jurídica de todos los ciudadanos en todas las partes del país; los residentes de Brabante Septentrional, Zelanda-Flandes, Limburgo y Drenthe obtuvieron los mismos derechos que todos los demás ciudadanos de la república, al igual que sus distritos, antes excluidos de los Estados Generales, ahora participaban en el gobierno nacional en igualdad de condiciones con todos los demás.
La Iglesia Reformada perdió su condición de única iglesia oficial y protegida, mantenida con los ingresos del Estado, y se concedió el mismo estatus a todas las confesiones religiosas, incluyendo el catolicismo romano y el judaísmo. Sin embargo, no se proclamó la plena separación de la Iglesia y el Estado, y su relación continuó siendo uno de los factores centrales de la política holandesa durante más de un siglo. Los privilegios históricos de clase y localidad fueron abolidos; la libertad de todos y cada uno bajo la ley y ante los tribunales sustituyó a las diversas «libertades» de la ciudad y la provincia, de la nobleza y el regente. Donde antes los gobiernos municipales cooptaban a sus miembros, ahora se elegían los diputados a la Asamblea Nacional; pero el sufragio se limitaba a los propietarios, y éstos no elegían a sus representantes directamente, sino a través de los electores nombrados por las asambleas primarias. La mayoría de estos cambios institucionales fueron permanentes, aunque la forma republicana de gobierno fue sustituida por un reino en 1806 y nunca se restableció.
Mientras se debatían y adoptaban estos cambios trascendentales, el trabajo ordinario del Estado y la nación tuvo que continuar en medio de condiciones de dificultad casi sin precedentes. Inglaterra reaccionó a la ocupación francesa de los Países Bajos y a la huida y derrocamiento del jefe del Estado con una declaración de guerra y un bloqueo. El comercio de ultramar y la pesca holandeses, las ocupaciones más esenciales del país, quedaron prácticamente paralizados, mientras que la mayoría de las colonias holandesas fueron confiscadas por los ingleses en nombre de Guillermo V. Los franceses, sin embargo, siguieron siendo implacables en su propia explotación de la «república fraternal» ocupada. El gobierno holandés, que asumió toda la carga acumulada del endeudamiento nacional y provincial, tuvo que soportar también los costes de las fuerzas de ocupación francesas y pagar inmensas sumas en concepto de tributo al gobierno de París; de hecho, la circulación forzosa de assignats (papel moneda) franceses enormemente inflados a su valor nominal fue una forma apenas disimulada y muy eficaz de imposición francesa directamente sobre el pueblo holandés. Los sucesivos gobiernos franceses -republicanos, consulares o imperiales- tampoco concedieron a los holandeses una mayor libertad de comercio con Francia o con otros países bajo su control como compensación por la pérdida de negocios en ultramar.
A medida que el comercio declinaba y la industria languidecía, la agricultura holandesa comenzó a retomar la primacía en la economía; siempre había empleado la mayor parte de la mano de obra. El espíritu aventurero por el que los hombres de negocios holandeses habían sido tan famosos uno o dos siglos antes pareció perderse, siendo sustituido por lo que los propios holandeses llamaban una actitud jansalie (de no hacer nada); las ciudades, antes bulliciosas, se redujeron a meros pueblos de mercado; incluso Ámsterdam perdió gran parte de su población. Como resultado, se hizo difícil consolidar el nuevo gobierno. Un ejecutivo múltiple, inspirado en el Directorio francés y sin una base firme en las instituciones y prácticas políticas establecidas, reflejaba las intrigas de los individuos más que los programas de los partidos claramente delineados. Los vencedores se peleaban entre ellos y miraban a París para que decidiera entre ellos, o al menos aceptaban pasivamente su dictado, dado por golpes de estado organizados o aprobados por el mando del ejército francés.
En 1805 Napoleón I dio poderes cuasi-dictatoriales a R.J. Schimmelpenninck. Schimmelpenninck, llamado consejero pensionista a la manera de los antiguos líderes provinciales, era en realidad un monarca no coronado y casi absoluto (aunque, en última instancia, el poder continuaba en manos de Napoleón); no obstante, llevó a la práctica muchas de las reformas modernizadoras que habían sido propuestas pero no adoptadas. Sin embargo, Napoleón decidió al año siguiente incorporar el estado holandés directamente a su «Gran Imperio» de estados vasallos.