La «libertad de expresión» tiene que ver con la libertad de decir algo y de imprimir algo. A lo largo de los años, el Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de esta libertad. Originalmente, los estados podían restringir la expresión en ciertas circunstancias. Podían restringir la expresión si tendía a «corromper la moral pública». Podían restringirla si tendía a «incitar al crimen». Y podían restringirla si tendía a «perturbar la paz pública». En 1937, el Tribunal Supremo sustituyó esa norma. El tribunal dictaminó que los estados podían restringir la expresión sólo si presentaba un «peligro claro y presente» para la seguridad de la comunidad. Este nuevo criterio se sugirió por primera vez en un caso anterior, Schenck contra Estados Unidos (1919).
Brandenburg contra Ohio (1969) también se ocupó de la libertad de expresión. El tribunal dictaminó que la expresión sólo podía limitarse si el daño era «inminente» o «probable». La 1ª Enmienda también protege la expresión simbólica. La quema de una bandera estadounidense es un ejemplo de ello.
La regla de «no restricción previa» es esencial para la libertad de prensa. Significa que el gobierno no puede impedir la publicación de materiales. Esto se reafirmó en el caso New York Times Company contra Estados Unidos (1971). En este caso, el gobierno estadounidense demandó a dos periódicos para impedir que publicaran los Papeles del Pentágono. Se trataba de un estudio del gobierno sobre la guerra de Vietnam. El estudio estaba clasificado como secreto. Sin embargo, el tribunal falló en contra del gobierno.
La 1ª Enmienda permite criticar a los personajes públicos. Un caso que trata esta cuestión fue el de New York Times Company contra Sullivan (1964). El Tribunal Supremo dictaminó que una persona pública no puede demandar a un individuo o a los medios de comunicación por difamación. La difamación es la publicación de material que daña la reputación de una persona. La única excepción es si se puede demostrar «malicia real». La malicia es el desprecio imprudente de la verdad.
El mismo principio se aplica a la libertad de reunión. Los gobiernos pueden regular ciertos aspectos de una reunión pública. Por ejemplo, pueden fijar la hora de una reunión. Pueden fijar su lugar. Y pueden limitar su tamaño. Pero no pueden negar el permiso basándose en lo que pueda decirse en la reunión.
El derecho de un estadounidense a presentar peticiones al gobierno está garantizado. Es decir, cualquier ciudadano puede pedir formalmente al gobierno que haga algo. El derecho a criticar al gobierno también está garantizado. Los ciudadanos pueden disfrutar de estos derechos siempre que no perjudiquen a otros o amenacen la seguridad pública.